Batres cuestiona al Pleno de la Corte por aumento presupuestal

Por EDITOR Agosto 14, 2026 44

La ministra Lenia Batres Guadarrama cuestionó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por solicitar un mayor presupuesto para 2027, al considerar que la petición contradice los esfuerzos de austeridad realizados durante el actual ejercicio.

En una carta dirigida a Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, Batres señala que el Pleno de la Corte aprobó el pasado 6 de agosto solicitar 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para 2027, monto adicional al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para este año.

La ministra cuestiona la solicitud porque, sostiene, la Corte ha podido funcionar durante 2026 con un presupuesto reducido y todavía existen áreas cuyos gastos podrían disminuirse sin afectar a los trabajadores. Entre ellas menciona Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Exministros.

Batres también señala que permanecen pendientes ajustes relacionados con las pensiones de exministras y exministros, así como la supresión de plazas destinadas a esas áreas. De acuerdo con la carta, una de las pensiones supera los 54 millones de pesos, mientras que otra representa 39 millones, según información de la Dirección de Gestión Administrativa de la propia Corte.

La ministra sostiene que el incremento solicitado para 2027 prácticamente restituiría los recursos que el Congreso redujo para 2026. A su juicio, aprobar nuevamente ese nivel de gasto haría nugatorios los esfuerzos de austeridad que debe realizar el Poder Judicial conforme a las disposiciones presupuestarias y de responsabilidad hacendaria.

Batres cuestiona además que, durante la misma sesión en la que se aprobó el anteproyecto presupuestal, se incorporara la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas, mandos medios y superiores, prestación que había sido eliminada el año anterior.

El planteamiento de la ministra abre una discusión dentro de la propia Corte sobre el destino de los recursos públicos y el alcance de las medidas de austeridad. Su posición es que antes de recuperar el gasto reducido por el Congreso deben revisarse estructuras administrativas, prestaciones y otros conceptos que todavía pueden representar ahorros.

La controversia coloca frente a frente dos criterios: la necesidad institucional de contar con recursos para operar y la exigencia de profundizar las medidas de austeridad dentro del Poder Judicial.