ASF abre la puerta a informantes para investigar contratos del INE

Por EDITOR Noviembre 10, 2026 12

Proveedores y personas con conocimiento de las operaciones entregan testimonios, videos, fotografías, chats y registros financieros a cambio de una posible reducción de sanciones. La auditoría busca reconstruir cómo se habrían favorecido empresas en licitaciones de organismos electorales.

La investigación sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) entró en una nueva etapa: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a recibir información de personas que conocen desde dentro cómo habrían operado presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos. La colaboración incluye testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera y conversaciones de WhatsApp.

 

El mecanismo permite que quienes aporten información soliciten una posible reducción de sanciones mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones. La ASF informó que es la primera vez que utiliza directamente esta vía de colaboración en una investigación de este tipo.

 

Entre los elementos recibidos hay domicilios, nombres y alias de personas presuntamente involucradas. La auditoría sostiene que los datos han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

 

El señalamiento es relevante porque, si se acredita, significaría que algunos particulares no se limitaron a competir por contratos, sino que habrían influido en las condiciones de las licitaciones para favorecer a determinadas compañías. La ASF no ha publicado en este anuncio la lista de empresas, los nombres de los informantes ni los contratos específicos que están bajo revisión.

 

El programa tiene fundamento en los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La legislación contempla reducciones de sanciones para quienes confiesen su participación y colaboren con la autoridad bajo determinadas condiciones. El beneficio puede llegar a una disminución de entre 50 y 70% de las sanciones económicas, siempre que se cumplan los requisitos legales; no significa una exoneración automática.

 

La investigación se desarrolla en medio de la crisis que llevó a Guadalupe Taddei a renunciar a la presidencia del INE el 26 de octubre, tras la difusión de señalamientos sobre sus presuntos vínculos con proveedores. La propia exfuncionaria sostuvo que su salida no relevaba a nadie de la obligación de esclarecer los hechos.

 

Un día después de la renuncia, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. El instituto anunció una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios para el periodo 2016-2026, además de medidas para preservar documentos y facilitar la fiscalización.

 

La ASF también busca determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las empresas, cómo intervinieron en los procedimientos de contratación y cuál fue el destino de los recursos públicos. La institución aseguró que continuará las indagatorias para identificar a más involucrados y promover las responsabilidades que correspondan.

 

El alcance de esta colaboración dependerá de que los testimonios y materiales puedan corroborarse con documentación, contratos y movimientos financieros. Por ahora, la existencia de informantes y los indicios reportados por la ASF representan un avance de investigación, pero no una resolución definitiva sobre la responsabilidad de Taddei, de otros funcionarios o de las empresas señaladas.