Alcalde de Reynosa admite que conocía anomalías en zona de la “mini refinería”

Por EDITOR Agosto 9, 2026 34

El gobierno municipal de Reynosa tenía conocimiento desde 2023 de irregularidades en la Brecha El Becerro, zona donde autoridades federales aseguraron recientemente una instalación relacionada con el almacenamiento y presunto procesamiento ilegal de hidrocarburos.

El propio alcalde Carlos Peña Ortiz reconoció que vecinos de la zona denunciaron ante el Ayuntamiento la presencia de residuos peligrosos en sus terrenos, lo que llevó a inspectores municipales a realizar recorridos por distintos predios del corredor.

De acuerdo con el presidente municipal, durante esas revisiones fueron localizadas instalaciones que ya contaban con sellos de clausura de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Peña Ortiz ubicó esas clausuras entre 2023 y 2024, pero no precisó qué ocurrió posteriormente con los predios.

El alcalde tampoco explicó qué seguimiento dio el Ayuntamiento a las denuncias ciudadanas ni si los hallazgos fueron comunicados formalmente a las autoridades federales. Esta ausencia de información abre una interrogante sobre qué ocurrió entre aquellas primeras inspecciones y los operativos federales realizados durante 2026.

Peña Ortiz sostuvo que el municipio carece de atribuciones para inspeccionar actividades relacionadas directamente con hidrocarburos. Explicó que otras áreas, como Protección Civil, Desarrollo Urbano y Ecología, tienen competencias específicas, pero afirmó que la regulación de hidrocarburos corresponde a autoridades federales.

Respecto a los inmuebles localizados en la zona, el alcalde tampoco confirmó si el Ayuntamiento otorgó permisos para su construcción. Señaló que, aparentemente, no habría existido un cambio de uso de suelo y que se habrían tramitado permisos ante ASEA.

La postura del presidente municipal contrasta con el reconocimiento de que funcionarios del Ayuntamiento ya habían recorrido los predios y constatado la existencia de instalaciones clausuradas, después de recibir denuncias de habitantes por residuos peligrosos.

El caso tomó relevancia después de que autoridades federales aseguraran en la zona más de 7.3 millones de litros de hidrocarburos, dentro de una operación contra el almacenamiento y presunto procesamiento ilegal de combustibles. La investigación federal deberá determinar el origen del producto, quién operaba las instalaciones y las responsabilidades correspondientes.

Peña Ortiz calificó los señalamientos contra su administración como un “ataque político” y anunció que solicitará un derecho de réplica. Sin embargo, su propia declaración incorpora un elemento relevante a la investigación: el Ayuntamiento tenía conocimiento de denuncias e irregularidades en el corredor desde años antes del operativo federal.