El paro transportista amenaza el abasto y escala el pulso con Sheinbaum

Por EDITOR Octubre 27, 2026 28

Canacar, Hamotac, Fematrac e Indeco exigen una mesa directa con la presidenta; las afectaciones viales ya complican el traslado de mercancías.

El paro nacional del autotransporte de carga comenzó a presionar la distribución de mercancías y la circulación en carreteras, mientras las principales organizaciones del sector endurecieron su exigencia de negociar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. El movimiento, iniciado el lunes 26 de octubre, se mantiene en medio de diferencias entre los transportistas y el Gobierno federal sobre la interlocución y los mecanismos para resolver sus demandas.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) sostienen que las reuniones previas no han producido soluciones suficientes. Por ello, reclaman una mesa de alto nivel con compromisos verificables, responsables definidos y fechas de cumplimiento.

Las agrupaciones se negaron a participar en una reunión convocada por la Secretaría de Gobernación (Segob), al considerar que las asociaciones invitadas no representaban a quienes impulsan el paro. Su postura, afirmaron, no significa rechazar el diálogo, sino exigir interlocutores con capacidad para coordinar a las dependencias responsables de seguridad, infraestructura, regulación y política fiscal.

El Gobierno federal ha defendido una ruta de negociación institucional. Segob aseguró que mantiene abiertos los canales de comunicación y llamó a evitar bloqueos que afecten a la ciudadanía, el tránsito y el traslado de mercancías. En una reunión con representantes de otras organizaciones empresariales y transportistas, la dependencia acordó instalar mesas de trabajo para revisar demandas fiscales, de seguridad e infraestructura, sin la participación de Canacar.

La protesta responde a un conjunto de reclamos que van más allá de los estímulos fiscales. El sector denuncia robos, extorsiones, cobro de piso, agresiones contra operadores, deterioro de carreteras, sobrerregulación y costos que presionan la operación de las empresas. También cuestiona cambios en los beneficios fiscales relacionados con el transporte y el pago de peajes, mientras el Gobierno sostiene que las modificaciones tienen límites y reglas de aplicación.

Las afectaciones en las vías de acceso a la Ciudad de México y el Estado de México han evidenciado el impacto potencial del conflicto. Entre los corredores reportados con problemas figuran las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla. Las organizaciones sostienen que su movilización busca visibilizar las condiciones del sector; sin embargo, las interrupciones y demoras pueden retrasar entregas de alimentos, medicamentos e insumos industriales.

El riesgo económico aumenta si el paro se prolonga. La logística carretera conecta centros de producción, almacenes, puertos, fronteras y puntos de venta; los retrasos pueden elevar costos de transporte y almacenamiento, afectar inventarios y trasladar presiones a los precios. El sector estima que la actividad representa miles de millones de pesos diarios y un volumen considerable de mercancías, aunque el efecto real sobre el abasto dependerá de la duración y alcance de las interrupciones.

La disputa entra así en una fase decisiva: los transportistas exigen que la Presidencia encabece la solución, mientras el Gobierno busca mantener la negociación mediante las dependencias competentes. La salida no dependerá sólo de reabrir las mesas, sino de establecer compromisos medibles en seguridad carretera, infraestructura y costos operativos. Mientras no exista un acuerdo aceptado por las organizaciones movilizadas, la distribución de mercancías seguirá expuesta a nuevas demoras.