Tras días de tensiones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts anunciaron un acuerdo significativo que allana el camino para la reelección de Pedro Sánchez como presidente de España.
El eje central del acuerdo es la propuesta de una ley de amnistía, que aborda las consecuencias de la declaración ilegal de independencia de Cataluña en 2017, una exigencia primordial de Junts, el partido al que pertenece el expresidente catalán Carles Puigdemont.
El pacto representa un intento de "abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña", según el documento. Se establecerá una mesa de negociación entre ambos partidos, con un mecanismo para supervisar y dar seguimiento al proceso de negociación y a los acuerdos alcanzados.
La presentación de la ley de amnistía está programada para la próxima semana, coincidiendo con la investidura de Sánchez. Si la ley prospera, los independentistas catalanes no serían juzgados y se anularían las condenas vigentes.
El acuerdo compromete a ambos partidos a negociar sobre dos grandes temas: la "superación de los déficits y limitaciones del autogobierno" y las cuestiones relacionadas con el "reconocimiento nacional de Cataluña". Junts adelanta sus intenciones de reclamar un referéndum pactado y un pacto fiscal para Cataluña.
Las negociaciones, que tuvieron lugar en Bruselas, se intensificaron después del acuerdo entre los socialistas y Esquerra Republicana de Cataluña la semana pasada. Estos acuerdos incluyen una ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalies y una condonación parcial del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, califica el acuerdo como una "oportunidad histórica" entre dos partidos con "profundas divergencias". Sin embargo, desde el principal partido de oposición, el Partido Popular (PP), critican el pacto, calificándolo de "vergonzante y humillante".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que el acuerdo significa "entrar en una dictadura", mientras que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lo califica como "vergonzante" y anuncia una oposición firme tanto a nivel institucional como jurídico durante la tramitación de la ley de amnistía.
