Para México, fijar una postura contra el tráfico de armas es un imperativo moral.

Por EDITOR Enero 25, 2022 53

   

Por Marcelo Ebrard

 

A principios de este mes, el gobierno de México y yo fuimos recientemente nombrados “Persona del Año” para 2021 por la Asociación de Control de Armas, una organización estadounidense fundada por veteranos del Ejército y diplomáticos. Fuimos reconocidos por la innovadora demanda de México contra los principales fabricantes de armas de Estados Unidos y por adoptar “un enfoque novedoso para combatir el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México”.

Recibir tal reconocimiento, por el cual expreso mi profundo y sincero agradecimiento, nos incentiva aún más a seguir defendiendo las vidas y el bienestar de nuestra gente.

La demanda, presentada en agosto en una corte de distrito federal de Massachusetts, afirma que las compañías de armas estadounidenses están “inundando el país a sabiendas con armas de fuego ilícitas, lo que ha provocado niveles terribles de derramamiento de sangre”, como escribió Jean Guerrero, columnista de Los Angeles Times, en noviembre.

Es la primera vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en los EE. UU. Mientras perseguimos el tráfico de armas, nuestra acción se dirige a un eslabón indispensable pero faltante: la responsabilidad corporativa.

Del medio millón de armas que se calcula que fluyen ilegalmente cada año desde los EE. UU. hacia los criminales al sur de la frontera entre EE. UU. y México, alrededor de 340 000 de ellas son vendidas por las 10 empresas mencionadas en nuestra demanda. El 70 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos.

El alto índice de violencia mortal en México exige un enfoque innovador que considere acciones tanto de los gobiernos como de las entidades comerciales que abastecen de armas y municiones al mercado negro, la fuente latente de poder de fuego de los criminales. Solo entre 2015 y 2021, las autoridades en México registraron más de 138,700 homicidios cometidos con armas de fuego.

México está tomando acciones legales contra los fabricantes de armas para hacerlos responsables y hacerles cambiar la forma en que hacen negocios.

Queremos que reduzcan y reparen la molestia pública que han creado en México, implementen estándares suficientes para monitorear y disciplinar razonablemente su sistema de distribución para prevenir el tráfico ilícito de sus productos, e incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus armas, incluidos dispositivos para evitar que usuarios no autorizados disparen las armas. Una adjudicación de daños sustanciales probablemente también disuadiría a los fabricantes de armas y otros de continuar o repetir su conducta ilegal.

La demanda tiene como objetivo disminuir la cantidad de armas ilícitas en México, debilitar al crimen organizado, permitir que México atienda mejor el tráfico de personas, tomar medidas enérgicas contra el flujo de drogas hacia el norte y disminuir los flujos de inmigración irregular causados por la violencia armada en la región.

La pandemia de COVID-19 atrajo una atención renovada sobre cuán importante es la innovación para proteger la vida de nuestra gente y cómo las soluciones a largo plazo requieren la participación de todas las partes relevantes.

Los gobiernos no pueden esperar más para abordar el tráfico de armas y la violencia que provoca: es otro tipo de pandemia que genera demasiado dolor y pone en peligro el futuro de México y la región circundante.

En México, durante demasiado tiempo hemos visto cómo la violencia tiene consecuencias trágicas para la gente común: los homicidios cometidos con armas de fuego son la principal causa de muerte entre nuestra juventud y es el arma más utilizada para cometer feminicidios. La violencia armada también ha dejado huérfanos aproximadamente a 40.000 mexicanos.

Antes de presentar la demanda, México había seguido durante muchos años las muchas estrategias disponibles en los foros regionales e internacionales. México ha presidido durante dos años consecutivos el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Como resultado, se formularon más de 50 recomendaciones para prevenir, investigar y sancionar el tráfico y desvío de armas.

A fines del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por México, que establece que las armas pequeñas y ligeras son amenazas para la paz y la seguridad internacionales, condena los flujos de armas derivadas de las acciones de actores no estatales, hace un llamado al pleno cumplimiento de las resoluciones anteriores en la materia y un mayor intercambio de información sobre las rutas del tráfico de armas.

Juntos, México y Estados Unidos establecieron el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, con el objetivo de garantizar la seguridad de ambos países y brindar resultados concretos a través de programas que trabajan en conjunto.

Contrariamente a lo que algunos han intentado insinuar, la demanda de México contra los fabricantes de armas de EE.UU. no busca interferir con los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos estadounidenses. Nuestras acciones, como las de los nominados y anteriores Personas del Año de la Asociación de Control de Armas, tienen como objetivo salvar vidas y hacer que el mundo sea más seguro y pacífico mediante la promoción del comercio de armas de fuego transparente y responsable.

Para nosotros, una solución a largo plazo para frenar el tráfico de armas es nada menos que un imperativo moral. Promover y hacer cumplir la responsabilidad corporativa por parte de los principales fabricantes de armas es una parte clave de esa solución.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México.

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