FGR cita a Maru Campos y a Rubén Rocha
Por EDITOR Mayo 23, 2026 35
La Fiscalía General de la República abrió este sábado un nuevo capítulo de alta tensión política al citar a declarar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al exfiscal estatal César Jáuregui, dentro de la investigación por el accidente ocurrido en la sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos durante un operativo realizado el pasado abril.
La mandataria panista recibió personalmente el citatorio en Palacio de Gobierno y confirmó que acudirá a la comparecencia programada para el próximo 27 de mayo. Frente a medios de comunicación, Campos aseguró que no tiene nada que ocultar y sostuvo que siempre ha enfrentado los procesos institucionales. Sin embargo, también lanzó críticas contra la autoridad federal al considerar que las acciones emprendidas afectan la estabilidad política de Chihuahua.
La investigación federal busca esclarecer si la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano violó disposiciones constitucionales y la Ley de Seguridad Nacional. Como parte de las indagatorias, más de 50 elementos vinculados al operativo ya fueron llamados por la FGR para rendir declaraciones.
El caso se originó tras un despliegue en la región serrana de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales localizaron y desmantelaron un presunto narcolaboratorio. Horas después, durante el trayecto de regreso, un vehículo oficial cayó a un barranco, provocando la muerte de cuatro personas: dos agentes de inteligencia de Estados Unidos y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación.
La polémica aumentó debido a las versiones contradictorias emitidas por el entonces fiscal César Jáuregui. Inicialmente afirmó que los agentes estadounidenses participaron directamente en el operativo, aunque posteriormente modificó la narrativa y aseguró que únicamente impartían capacitación sobre drones a corporaciones estatales.
Pero la ofensiva de la FGR no terminó ahí. La dependencia federal confirmó también que citó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como a otros nueve exfuncionarios y operadores políticos señalados por autoridades estadounidenses de mantener presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a integrantes cercanos al círculo político de Rocha Moya de proteger a la facción de Los Chapitos mediante filtración de información, protección institucional y recepción de sobornos millonarios.
La presión internacional ya provocó consecuencias directas. Dos de los señalados, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, decidieron entregarse voluntariamente a autoridades estadounidenses durante los últimos días.
Mientras la FGR amplía sus investigaciones, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y de seguridad en la relación entre México y Estados Unidos, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales.
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