La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió un dictamen este jueves en el que ordenó a todas las autoridades que se abstengan de solicitar o autorizar órdenes de aprehensión contra la vicepresidenta electa, Karin Herrera Aguilar.

La corte indicó que Herrera Aguilar cuenta con la figura del antejuicio, que le otorga inmunidad judicial en caso de ser acusada de algún delito.

El dictamen llega solo horas después de que Herrera Aguilar solicitara un amparo legal para evitar su detención, ante fuertes rumores de un próximo arresto por parte del Ministerio Público (Fiscalía).

La vicepresidenta electa debe tomar posesión de su cargo junto al nuevo presidente, Bernardo Arévalo de León, el próximo domingo.

El Ministerio Público ha sido acusado de persecución política contra la oposición, y la decisión de la Corte de Constitucionalidad podría complicar aún más la situación del organismo.

El dictamen también podría sentar un precedente para otros casos de políticos que sean acusados de delitos mientras ostentan cargos públicos.

En 2023, el Ministerio Público vinculó a Herrera Aguilar con un supuesto caso de daños contra el patrimonio que se habría cometido en las instalaciones de la Universidad de San Carlos, la única pública del país.

Desde julio de 2023, el Ministerio Público ha intentado revertir la victoria electoral de Arévalo de León, quien también ha sido acusado de corrupción.

En septiembre, Arévalo de León acusó públicamente a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra para evitar su investidura.

Este mismo jueves fue detenido el exministro de Gobernación (Interior) Napoleón Barrientos, acusado de no cumplir con un dictamen en octubre pasado que ordenaba reprimir y desalojar a manifestantes en las calles durante 2023 en protesta contra Porras.

El dictamen de la Corte de Constitucionalidad podría complicar aún más la situación del Ministerio Público, que ya ha sido criticado por su persecución política contra la oposición.