Bajo la sombra del poder: adiós a la autonomía | Por Eduardo López Chávez | Jueves 14 de noviembre de 2024

Por EDITOR Noviembre 14, 2024 56

¿Fiscalización? Eso es para los débiles. Aquí el poder no necesita rendir cuentas…

- Macraf

Uno de los principios fundamentales para fortalecer la competitividad en la economía mexicana radica en la confianza, una confianza cimentada en instituciones robustas que garanticen no solo el estado de derecho, sino también un entorno en el que se pueda invertir y generar riqueza. La confianza en las instituciones, en su solidez y capacidad de regulación, es lo que atrae a los capitales, porque los dueños del dinero necesitan saber que podrán disfrutar de los beneficios de su inversión sin estar a merced de decisiones arbitrarias.

La inversión privada es el motor del crecimiento. Cada peso invertido se traduce en empleos, en salarios que impulsan el consumo y en un círculo virtuoso de demanda que fortalece el mercado interno. Pero para que este ciclo funcione, hace falta un punto de partida innegociable: instituciones fuertes y autónomas. Este sentido común, tan obvio para muchos, parece escapársele a quienes hoy lideran la "transformación de cuarta."

Con fervor y lealtad al morador de Palenque, y bajo la tutela de la pseudo emperatriz de Palacio, el gobierno ha emprendido una cruzada contra los organismos autónomos. La idea es tan sencilla como preocupante: acabar con cualquier órgano que funcione como contrapeso, que promueva la transparencia y que supervise al propio gobierno. Entre los primeros en la lista de sacrificios está la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), una institución diseñada para garantizar condiciones equitativas en el mercado y que, en su independencia del Ejecutivo, asegura un entorno de competencia sin favoritismos.

Para este gobierno, eliminar organismos como la Cofece y otros seis de su tipo no solo es un "ahorro," sino una oportunidad para centralizar el poder en las secretarías del Ejecutivo. Transferir funciones especializadas a instancias que ya cargan con problemas administrativos y de capacidad operativa es una receta para el desastre. Además, se anula cualquier vestigio de autonomía que podría servir de contrapeso en las decisiones de políticas públicas. Lo que buscan es evidente: un poder sin preguntas, sin supervisión y sin responsabilidad.

Esta decisión no solo afectará la economía en términos de inversión, sino que abrirá la puerta a problemas que, aunque ahora están controlados, podrían resurgir de manera alarmante. Sin la intervención de organismos autónomos, las condiciones para la creación de monopolios y la manipulación de precios están servidas, perjudicando directamente a los consumidores. Imaginen una economía en la que el poder del mercado es monopolizado sin nadie que ponga freno. Las estructuras de competencia se deteriorarían y, con ellas, la capacidad de los consumidores de acceder a bienes y servicios de calidad y a precios justos.

Para empeorar las cosas, la tendencia del actual gobierno a reducir el tamaño del Estado hace que trasladar funciones de los organismos autónomos a las secretarías no solo sea ineficaz, sino también contraproducente. La acumulación de tareas en las secretarías resultará en cuellos de botella, procesos lentos y una toma de decisiones afectada por intereses políticos. ¿Dónde queda, entonces, la promesa de eficiencia que tanto predican?

Un análisis reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ya anticipa los efectos devastadores de esta movida. Sin embargo, hay un punto que destaca y que debería alertarnos a todos: el incumplimiento del T-MEC. México, al firmar este tratado, se comprometió a contar con organismos autónomos en sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) juega un papel fundamental. Ignorar este compromiso no solo afectará nuestra imagen y relaciones diplomáticas, sino que podría derivar en represalias económicas.

El mayor perdedor en este juego, querido lector, no es otro que usted. Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la supervisión eficiente de los recursos públicos quedará en manos de quienes son juez y parte. Las funciones que realizaba este instituto serán repartidas entre instancias como la Secretaría de la Función Pública y los órganos de control del Poder Judicial, pero ¿será suficiente para mantener la transparencia? La respuesta es evidente.

Lo más irónico de esta situación es que, al final del mandato de la pseudo emperatriz, es probable que terminemos exactamente donde empezamos, como sucedió con el INSABI. Estos cambios, estas reformas, en el mejor de los casos serán desechadas, dejando una estela de destrucción institucional de la que nos costará recuperarnos. Pero, por ahora, no parece importar. Para quienes hoy están en el poder, la rendición de cuentas es un concepto débil y lejano.

Así, así los tiempos estelares del segundo piso, de la transformación de cuarta.

* El autor es director general y fundador del sitio "El Comentario del Día". Se desempeña como asesor, consultor y conferencista en temas de economía, política, gobierno y empresa. Además, conduce el programa de análisis "Voces Universitarias". Es catedrático en la Facultad de Gobierno y Economía y en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, así como en la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

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