Un país experimenta crecimiento conforme pueda asegurar el desarrollo económico. Posteriormente, se vuelve atractivo para las inversiones de empresas extranjeras, que pueden contribuir con inversiones directas extranjeras, nuevas al principio y luego reinvertir en sus utilidades.

El objetivo global debe ser generar ingresos suficientes para la nación a través de impuestos, aranceles y contribuciones, todo dentro de lo permitido en un mundo geopolíticamente globalizado. Esto contribuiría a ejercer un gasto que mantenga la atracción, certidumbre y, sobre todo, confianza en la nación.

En México, estamos empezando a enfrentar un riesgo latente en el corto y mediano plazo. Esto refleja una incertidumbre vinculada al balance presupuestal que se realiza año tras año, entre septiembre y noviembre en la cámara de diputados.

Las calificadoras no fueron creadas para complacer a los mercados financieros, sino para ser entidades que ayuden a determinar a quién prestar, cuánto y bajo qué condiciones. Recordemos que el dinero es un medio tangible, utilizado por el mundo para otorgar valor de intercambio comercial.

Las calificadoras que evalúan a México, algunas contratadas por entidades gubernamentales u empresas, identifican ciertos riesgos y observaciones. Aunque son consejos no solicitados, pueden tomarse en cuenta por aquellos que mantienen relaciones comerciales o financieras a nivel mundial.

La realidad mexicana, lejos de ser una consecuencia presente, es la suma de varias acciones pasadas. Esto ha llevado a México a tomar medidas inmediatas y realistas para una nueva reforma fiscal, debido al aumento del déficit presupuestal que continúa en aumento.

El déficit presupuestal se refiere a la diferencia entre el gasto y los ingresos. A medida que aumenta, la incertidumbre en un país se incrementa, ya que no está claro cómo se cubrirá. Si el país mantiene los mismos impuestos y la base de contribuyentes debido a la falta de nuevas empresas generadoras de empleo, se limitará la cantidad de ingresos para el gasto.

Ante esto, se deben utilizar variables que aumenten las entradas de dinero, pero muchas de ellas no son controladas por la nación y dependen de mercados internacionales o eventos económicos, financieros y geopolíticos, como el precio del barril de petróleo, para reducir el déficit. Sin embargo, en medio de las incertidumbres a corto y mediano plazo en el mundo, los supuestos asumidos podrían resultar lo contrario, lo que aumentaría el déficit, que solo podría cubrirse aumentando la deuda del país.

En México, desde 2018 hasta junio de 2023, la deuda del Sector Público Federal ha aumentado de 10.5 Billones de pesos a 14.2 Billones, un incremento del 35 %. Esto está directamente correlacionado con el aumento del déficit presupuestal, que ha pasado de 470 mil millones de pesos a alrededor de 1.2 Billones, una variación del 148%.

En la última década, la deuda ha aumentado en 8.7 billones de pesos, un incremento del 158%. Esta deuda surge debido a nuestra incapacidad para administrar el gasto. El gasto acumulado ha aumentado en 4.12 Billones y el déficit en 800 mil millones. Para compensar los ingresos que solo han aumentado en 3.32 billones, parte de la deuda se ha utilizado.

La primera pregunta que debe surgir es: ¿En qué se gasta el dinero? Nos endeudamos para cubrir el déficit.

La respuesta:

El presupuesto de egresos se divide en programado y no programado. El primero se segmenta en desarrollo social y desarrollo económico.

En México, en el primer semestre de 2023, se observa que el 66 % del total de 2.684 billones de pesos se destina al desarrollo social, mientras que solo el 25 % corresponde al desarrollo económico. Aquí es donde comienza la duda de las calificadoras.

El desarrollo social ha crecido un 6 %, mientras que el económico ha disminuido un 7 % en comparación con 2021. Esto indica que existe falta de certidumbre y compromiso para invertir en México, ya que no se brinda suficiente apoyo a quienes generan impuestos, es decir, la economía. Solo el tren Maya generará nuevos ingresos en impuestos.

Al examinar el desarrollo social, el 48 % se destina a la protección social, es decir, programas sociales. En cuanto al desarrollo económico, se observa una disminución del 25% en el sector energético, lo que ha llevado a una mayor importación de gas natural de Estados Unidos para generar electricidad y combustibles. Es necesario considerar energías alternativas como los biocombustibles provenientes de la caña de azúcar, que podrían incrementar el sector agrícola para su sostenibilidad a largo plazo.

CONCLUSIÓN:

Las calificadoras observan que cada presupuesto realizado aumenta el gasto neto público y reduce los ingresos, debido a la falta de inversiones en el desarrollo económico y una inversión directa menor en comparación con las nuevas inversiones.

Esta situación ha generado incertidumbre en el presupuesto, dado el aumento del déficit presupuestal que se espera supere el billón de pesos en los próximos años.

Apoyar a PEMEX implica que, en caso de no tener los ingresos necesarios, el gobierno deberá dejar de gastar en el desarrollo económico y centrarse más en el gasto social. Esto incluiría una mayor inversión en la protección de la sociedad a través de programas que aporten dinero a las familias, aunque no generen ingresos directos para los hogares.

La incertidumbre en torno a PEMEX, como recaudador nacional, se suma a la necesidad de una reforma fiscal que elimine la dependencia de su ingreso en la ley de ingresos anual. Esta reforma debería dejar de utilizar las variables del valor del petróleo crudo para cerrar el déficit presupuestal.

PREGUNTA FINAL:

¿El gobierno o la administración en turno dejarán de respaldar el gasto en desarrollo social para apoyar a PEMEX? ¿De dónde vendrá el dinero para cubrir todo, especialmente en un contexto de mayor