Alista el INE consulta popular para el 1 de agosto

Por EDITOR Junio 24, 2021 36

Como se dio a conocer hace unos días, el 1 de agosto se realizará la primera consulta popular a nivel federal, solicitada por el jefe del Ejecutivo y en la que podrán participar 93 millones de ciudadanos que integran la Lista Nominal de Electores.

La consulta solicitada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se revisó a nivel constitucional por la Suprema Corte de Justicia, fue aprobada por el Congreso de la Unión y será organizada por el Instituto Nacional Electoral.

La finalidad de la encuesta es conocer la opinión de la ciudadanía respecto al enjuiciamiento o no de los expresidentes de nuestro país.

El planteamiento oficial será el siguiente:

 

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Sí o No”.

 

La Secretaría de Gobernación ha señalado que las consultas populares tienen por objetivo ser “Un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional; de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”.

 

En camino a la consulta

Actualmente, el INE, a través de sus Juntas Locales, trabaja para calcular el costo que tendrá el ejercicio y el número de mesas receptoras de opiniones que tendrán que instalarse. El Instituto comunicó que en las próximas semanas oficializará todos los datos y costes alusivos al tema; sin embargo, los consejeros calcularon que podría tratarse de unas 55 a 59 mil mesas receptoras y estimaron que podrían rebasarse los 500 millones de pesos.

En torno al tema, La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que “no existe obligación ni constitucional ni legal para que el órgano otorgue los recursos económicos para que el INE lleve a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular”.

Con anterioridad el INE había solicitado 1,500 millones de pesos para instalar 163 mil mesas receptoras en todo el país, cantidad que le fue negada por la Cámara de Diputados. Por consiguiente, el Instituto solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal de 890 millones para la colocación de 101 mil mesas, pero nuevamente los recursos le fueron rechazados.

El INE aseguró que realizará acciones para disminuir los gastos del proceso y realización de la consulta.

Entre ellas informó que las papeletas serán tamaño media carta y no estarán impresas en papel seguridad, pero indicó que tendrán medidas sencillas de seguridad impresas para evitar su falsificación.

Otra medida para abaratar los costos es que no se contratarán supervisores electorales.

En entrevista con Óscar Mario Beteta para grupo Radio Fórmula, Carla Humphrey, consejera electoral del INE, comentó que se estarán reutilizando varios de los materiales que se utilizaron en las pasadas jornadas electorales y argumentó que para reducir gastos en capacitación, el INE pedirá a quienes fueron funcionarios de casilla en los pasados comicios que participen también en la consulta popular.

“Reutilizaremos las urnas, la tinta indeleble, las mamparas y hacemos un llamado a las personas que se capacitaron como funcionarios en estas directivas de casilla, a que también configuren estas mesas para recibir la opinión de las y los ciudadanos”, expresó Humphrey.

La consejera enfatizó en el hecho de buscar a futuro la implementación de un “impulso al uso de urnas electrónicas para abatir costos y para que la ciudadanía tenga confianza en esos instrumentos y en su funcionamiento. Para que no se imprima tanto papel y tantas actas”.

 

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Una vez llevada a cabo la consulta, el Estado tendrá que obedecer el mandato popular; esto siempre y cuando al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos a la Lista Nominal acudan a participar.