Uso médico de la cannabis, un pendiente más de la Cofepris

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En diciembre pasado llegó a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como su comisionado, un médico pediatra sin experiencia alguna en la administración pública.

Su absoluta inexperiencia en materia de regulación sanitaria, su designación al frente de la Cofepris fue sorpresiva y controvertida. Probablemente solo a un colectivo, asumiendo que su especialidad en pediatría le dotaba de mayor sensibilidad que a su antecesor, tuvo esperanzas en su nombramiento: las madres y padres de niñas y niños enfermos que han descubierto, casi por casualidad, que algún derivado del cannabis alivia sus síntomas y mejora su calidad de vida, y que han enfrentado al sistema legal para poder acceder a ellos.

De la esperanza a la desilusión

El escenario y la prometedora percepción se diluyó frente a la inexperiencia o insensibilidad de Novelo Baeza, a quien durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Senado de la República le cuestionaron su falta de conocimiento en temas regulatorios.

En los años recientes algunos eventos vinculados a la regulación y control de la cannabis y sus derivados forman parte de la agenda pública en América Latina[i]. En 2013, en Uruguay, se promulgó la denominada Ley 19.172 Marihuana y sus Derivados, posteriormente se promovieron propuestas similares de uso medicinal en Argentina, Chile, Colombia, Jamaica, Perú, Bolivia y México.

En todos los casos, las iniciativas derivan básicamente de dos procesos:

  1. Casos individuales defendidos en las cortes que desatan precedentes o sentencias de aplicación general (México, por ejemplo);
  2. Ejercicios legislativos y de política pública encabezados por los gobiernos (Uruguay como ejemplo destacado).

 

En México,  el precedente para la regulación del uso medicinal del cannabis lo sentó el caso de la niña Graciela Elizalde, Grace, que padece el síndrome de Lennox-Gastaut, una variante de epilepsia infantil que se caracteriza por tener convulsiones muy frecuentes. En octubre de 2015, los desesperados padres de Grace buscaron mediatizar su caso denunciando a la opinión pública la negativa de la Secretaría de Salud, de otorgarles un permiso para importar un medicamento con cannabidol, cuya ingesta, -0.40 mililitros al día declaraban los padres-,  le atenuaba tanto la intensidad de los ataques como su frecuencia, -pasaban de 400 a 15 al día-; había una mejoría en la calidad de vida de la menor.

La mediatización del caso dio resultados, despertó el interés de activistas y organizaciones de la sociedad civil comprometidos con la reforma de la política hacia las drogas que acompañaron y asesoraron a los padres de Grace para interponer un amparo que, tras un año en juicio, les fue concedido, ordenando a las autoridades federales permitirles importar a México el medicamento desde Estados Unidos[ii].

La historia de Grace develó el drama de otras madres y padres de niñas y niños en condiciones similares, quienes redoblaron su activismo y llevaron la discusión al ámbito legislativo sobre el posible uso de la marihuana con fines medicinales en México.

Evidentemente el tema estaba suficientemente maduro en la sociedad mexicana y el legislador supo entenderlo. Así las cosas, la Cámara de Diputados autorizó el 29 abril de 2017, el uso medicinal y científico de la marihuana en México al aprobar, con 301 votos a favor, 88 en contra y dos abstenciones, las reformas del Senado a la Ley General de Salud[iii].

La reglamentación secundaria derivada de esta reforma, la normatividad que realmente iba a facilitar el acceso de los pacientes y regular los usos médicos de la mariguana, fue responsabilidad de la Cofepris y ésta, en la administración pasada, dilató el proceso casi un año y emitió unos lineamientos en octubre de 2018,  “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma”, que no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es decir, nunca tuvieron efectos jurídicos, y por tanto no debieron ser acatados, situándolos, de facto, en un limbo jurídico, orientado a favorecer la importación y el desarrollo de una industria transnacional que a regular el autocultivo que es la manera en que muchos padres han estado tratando a sus hijos.

Así las cosas, en los términos de la administración anterior de la Cofepris, el uso medicinal de la cannabis, pese a ser legal, nunca fue factible para la gran mayoría de los pacientes, beneficiándose solo aquellos capaces de costear productos importados.

Es en este contexto que la llegada de un pediatra a la titularidad de la Cofepris, se consideró promisoria por las madres y los padres que ven en el cannabis medicinal una esperanza para sus hijos, perspectiva que duró apenas unos meses, pues el 27 de marzo de este año la Secretaria de Salud, a través del organismo que encabeza Novelo Baeza, revocó los Lineamientos[iv]. Pasamos así,  de una muy mala regulación a una regulación inexistente, circunstancia que ya alcanza 6 meses.

Los padres y pacientes supusieron que Novelo Baeza conocía el soterrado pero extendido uso medicinal del cannabis y, en ese sentido, presumieron ajustes temporales a los Lineamientos mientras se afinaba un mejor reglamento, y no una determinante revocación argumentando solo razones de índole administrativas y de comercio exterior, y que sabría que esa revocación llevaría a madres y padres, acostumbrados a bordear la ilegalidad en aras del bienestar de sus hijos, a comprar cada vez más de manera clandestina, sin ninguna seguridad sobre la calidad de lo que están comprando, confiando únicamente en la red y en información verbal de persona a persona.

Nada de lo anterior pasó. A fin de cuentas a un año del nuevo régimen no sólo los niños con enfermedades particulares sino que adultos con artritis, artrosis, fibromialgia o cualquier otro padecimiento que implique dolor crónico siguen sin poder acceder a medicamentos con cannabis seguros, eficaces y a mejores precios. Sabemos que a “toro pasado” todo va a poder corregirse, no sin costos políticos hay que advertir, pero a la fecha vale la pena preguntarle a Novelo Baeza: ¿Qué lo hizo extender el calvario de padres y pacientes: inexperiencia o insensibilidad? ¿Qué lo hizo decidirse indiscriminadamente por la revocación de los Lineamientos: inexperiencia o insensibilidad? ¿Qué lo hizo favorecer el mercado negro de productos importados: inexperiencia o insensibilidad?

De hecho, los vientos del cambio recorren toda América: Estados Unidos, el país que encabezó e impuso en todo el continente el modelo prohibicionista, ha pasado de la fumada sin “tragar el humo” del Bill Clinton, confesada en su campaña de 1992, a tener 29 estados en 2019 que permiten el uso medicinal de la mariguana y donde se cultiva, produce, transforma, vende y grava el cannabis y sus derivados.

Considerado como un parteaguas en el país el amparo fue concedido por el  juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez.

Se reformaron los artículos 237, párrafo primero; 245, fracciones I, II y IV; 290, párrafo primero; y se adicionan el artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de la Ley General de Salud. El cambio sustantivo radicaba en adicionado artículo 235 bis: “La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.”

En su comunicado no. 033, la dependencia determinó que los lineamientos publicados el 30 de octubre del 2018 “…contravienen los cambios realizados a la Ley General de Salud del 2017 por haber excedido su propósito al autorizar la comercialización de diversos productos con derivado de la cannabis (THC) en usos distintos a los médicos y científicos, lo anterior es así porque dichas sustancias se encuentran clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley”.