Dos días en el calendario de este año definirían el destino de Rafael Correa, ex presidente ecuatoriano. En el primero, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dejará caer la sentencia sobre el caso de sobornos – que inició el lunes pasado – con el objetivo de desmenuzar una presunta red, para financiamiento ilícito, que posee el partido Alianza PAIS, grupo político con el que Correa amordazó al país. Para el segundo – podría tener fecha en septiembre u octubre – comenzará la etapa de inscripciones a candidatos presidenciales para las elecciones de 2021, en las que el ex mandatario busca colarse como segundo. No obstante, si el dictamen de sentencia – por corrupción – tocará la puerta unos días antes, la carrera de Correa podría presentar muchos obstáculos.  Con una orden de detención en el territorio sudamericano y residiendo en Bélgica, declaró – a un canal ruso RT – que el caso con el que lo relacionan tiene como fin trastabillar su llegada a la política de Ecuador, mencionando que “incluso si en noviembre saliera la sentencia, sería la primera instancia. […] Están desesperados para evitar mi participación porque saben que los vamos a derrotar”.  El delito con el que se ha señalado al ex mandatario, junto a otros 20 acusados, tiene una sentencia de 5 años tras las rejas. La causa judicial tomará un lapso de varios meses, ya que las partes han advertido que exhibirán 800 pruebas en contra de los acusados, al igual que un centenar de testigos – dispuestos a testificar – algunos confirmando la relación de Correa con la red criminal, la cual imponía un fuerte yugo, sobre varias compañías, en busca de sobornos a cambio de contratos con el Estado; otros desmentirían todos los hechos, desvaneciendo el proceso.  De acuerdo con la defensa de Correa, no existe ni una sola prueba y la Fiscalía ha impuesto – forzosamente – este caso, inclinándose a una persecución política.  En abril del año pasado fue cuando la investigación se hizo efectiva, tomando vuelo por una publicación en el portal MilHojas que transparentaba nombres fundamentales – de altos cargos y empresarios – embarrados con la posible corrupción. También se exhibieron cantidades y formas de pago – efectivo o cruce de facturas – de sobornos.  Al principio, el caso fue nombrado Arroz verde – con base en el título del documento que contabilizaba las entregas de dinero y se asimilaba a los valores del partido Alianza PAIS – hasta que en 2016 pasó a ser el caso Sobornos 2012-2016. Los años aluden – según el Ministerio Público – al lapso de tiempo por el que se expandió el historial de aportaciones anómalas de financiación para la campaña (más de 7 millones de dólares).  Por su parte, la Procuraduría General del Estado concretó que “demostrará que Rafel Correa cumplió dos roles: uno en la cúspide de la pirámide, como ordenador de gastos; el otro en la base, como beneficiario”.  Jorge Glas – vicepresidente durante el mandato de Correa – es otro de los implicados en el caso, junto a Alexis Mera, secretario jurídico; Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte, ministros del ex líder Ejecutivo ecuatoriano; Viviana Bonilla, Christian Viteri, dos trabajadores de Presidencia y un ex asesor, también han sido ligados al caso Sobornos 2012-2016. La asesora de Correa en Carondelet – Pamela Martínez – y su asistente – Laura Terán – son dos pilares importantísimos del caso, pues son quienes registraban la contabilidad de los pagos y los pasos que seguían para empujar a los empresarios a liquidar sus peajes (término empleado por la Fiscalía, refiriéndose a un pago a cambio de contratos de obra pública). Trabajando con la investigación, expusieron un cuadernillo en donde se escribieron los montos y documentos de respaldo (archivos Excel y mensajería electrónica).  Pedro Verduga – uno de los empresarios relacionados con el caso – confesó haber efectuado los pagos bajo la presión de Martínez. Uno de los nombres que más saltó en la investigación fue el de la compañía Odebrecht, que – de igual manera – liquidó su peaje, no obstante se ha deslindado a la empresa brasileña de la investigación.  Por medio de su cuenta de twitter, Rafael Correa publicó – mientras se realizaba el comunicado formal de su juicio y la decisión de apartar a Odebrecht del mismo – que “una prensa algo seria estaría averiguando cómo un ex presidente puede tener 30 juicios penales, vicepresidente preso, canciller con órden de prisión, secretario jurídico, ministros, etcétera, sin haber encontrado un centavo mal habido, ninguna cuenta secreta, excepto las del propio Gobierno actual, que con descaro encubren. […] Objetivo: impedirnos no participar en próximas elecciones. Hablan de sobornos de Odebrecht, pero ni siquiera la acusan”.