Mientras que en México los programas y leyes para proteger a los menores abundan, seis de cada 10 niños han sufrido algún tipo de violencia durante el mes de mayo. El problema: la implementación de dichos planes nacionales no es funcional debido al poco financiamiento y la poca vigilancia para que se cumplan. 

El informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020 arrojó esos datos sobre México y también examinó el progreso de las naciones en la ejecución de sus tareas impuestas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigidas a poner fin a la violencia contra los niños. 

Este jueves, el comunicado fue presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina del Representante Especial del secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños. 

Dicho informe indica que 63% de los niños y niñas mexicanas, hasta los 14 años de edad, han sufrido “disciplina violenta” y sus derivados durante el último mes. Asimismo, señaló que la tasa de homicidios en México hasta los 17 años es de 4.3 por cada 100 mil habitantes, 6.3 entre los hombres y 2.2 en mujeres. 

De igual forma, proyecta que mil 105 menores fueron víctimas de homicidio en México en 2016, aproximadamente cuatro veces más que en El Salvador y Honduras. 

“La pandemia del Covid-19 y las medidas que las sociedades han tomado frente a ella han influido enormemente en la prevalencia de actos de violencia contra los niños y lo más probable es que tengan consecuencias adversas de larga duración”, concreta el informe. 

Otra de las funciones del reporte es diagnosticar si México cumple con las estrategias del INSPIRE, acrónimo en inglés que representa un compromiso por letra: Implementación de ls leyes, normas y valores, Seguridad en el entorno, Padres recibiendo apoyo, ingreso y fortalecimiento económico, Respuesta de los servicios de atención, y Educación y aptitudes para la vida. 

En conclusión, las políticas y programas nacionales para evitar la violencia contra los niños en México tienen “muy poco alcance” y su implementación es deficiente, así como la vigilancia del cumplimiento del marco normativo.