Después de haber invadido el Parlamento – debido a la negación de un préstamo de aproximadamente 109 millones de dólares para culminar la tercera etapa del Plan Control Territorial, con el fin de contrarrestar a las pandillas que acechan en El Salvador – Nayib Bukele, presidente del país centroamericano, aguarda el choque de lo que podría ser su primer crisis política.  Atestando las puertas de la Asamblea Legislativa – con militares y policías en sus costillas – desafió el poder del presidente del Parlamento, acomodándose en su silla y “amparado por un derecho divino” ordenó que la sesión comenzara.  Minutos después, Bukele profesó algunas oraciones – entre ellas la mención de que los congresistas “sólo se sientan a aprobarse casos para ellos mismos pero nunca para el pueblo salvadoreño” – y abandonó las inmediaciones con ahora no sólo las fuerzas de autoridad a su espalda, sino con decenas de seguidores políticos. A sus nuevos simpatizantes, les aconsejó mantener el yugo en los legisladores a quienes – Nayib Nukele – acusó de “romper el control constitucional”.  El líder salvadoreño indagó que “si estos sinvergüenzas (los congresistas) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo”, acto que los opositores calificaron como semilla de un posible golpe de estado. La desesperación del mandatario centroamericano es fruto de sus esfuerzos, invalidados, por hacer efectivo el artículo 87 de la Constitución: el derecho a la insurrección. A través de una declaración oficial, la Presidencia de El Salvador comunicó a la ciudadanía que deben “mantener la calma”, posteriormente calificando como una peripecia la denegación de un método que favorecería a la seguridad nacional.  Desde que Nayib Bukele tomó el mando de la nación en junio del año pasado – de acuerdo con información proporcionada por la Presidencia – los homicidios han decrecido un 58%.  Por su parte, la Cancillería de Costa Rica – por medio de su cuenta de Twitter – incitó a “respetar las instituciones democráticas y a la separación de poderes en El Salvador”, demostrando su apoyo hacia una solución a través del diálogo entre Bukele y los diputados.  Fue el pasado 7 de febrero cuando Bukele demandó a la Asamble por una sesión con el objetivo de aprobar el préstamo millonario, que conforma un sector de los fondos financieros del Banco Centroamericano de Integración Económica. En ese momento estallaron las confrontaciones. Con base en la información de la Administración del mandatario salvadoreño, el préstamo sería para obtener helicópteros, y quizás un buque, como equipo de represalia contra los grupos violentos que atormentan la región centroamericana.  Bukele advirtió, momentos antes de penetrar en la Asamblea, en su cuenta de Twitter que implementaría sus “poderes constitucionales” y – al salir de la sesión – señaló como deshonestos a los diputados que no se presentaron en dicho conglomerado, ya que sólo 28 de los 84 diputados asistieron.  El artículo que busca efectuar el presidente de El Salvador consiste en “autorizar la erogación de sumas que no hayan sido incluidas en los presupuestos, a fin de satisfacer necesidades provenientes de la guerra, de calamidad pública o de grave perturbación del orden”.  La razón principal por la que los funcionarios inhabilitan el uso de dicho artículo, recae en el argumento que encierra el uso de dicho artículo en situaciones de emergencia.