Ayer, los jueces y magistrados federales de nuestro país solicitaron a la SCJN su intervención para que no se aplique la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, cuya cantidad es de 108 mil pesos. Por ello, demandaron la aplicación de medidas cautelares para no verse afectados con alguna reducción salarial, ya que aún no se define cuánto se les pretende disminuir. Ante dicha petición, la Corte abrió dos expedientes (12/2018 y 13/2018) derivado de las consultas a trámite previsto en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los expedientes fueron turnados al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá presentar proyectos de sentencia que serán discutidos por el Pleno, los cuales pueden trazar el camino que deben seguir los juzgadores para que emprendan su defensa legal. En tanto, Ramón Lozano Bernal, titular del juzgado décimo de distrito con residencia en Sinaloa y quien concedió una suspensión provisional a la magistrada Sonia Rojas Castro para que no disminuya su salario, solicitó a la Suprema Corte atraer el amparo de la juzgadora por considerar que es un asunto de interés y trascendencia. Cabe mencionar que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación elaboró una “demanda de amparo modelo” con la que pretenden enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión que, dicen, afectan su autonomía.