De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), más del 60% de sus miembros en el Ministerio Público se encaminarán a colar el retraso que han presentado para poder centrarse en los delitos que son considerados graves o con mucha complejidad, pero estos no incluyeron el feminicidio.  El Plan de Persecución Penal – que no se ha echado a andar debido a la falta de presupuesto – transparentó que los diez delitos, en los que se enfocará la Fiscalía, son: corrupción, contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, contra los derechos humanos, contra la libertad de las personas, contra el comercio, de armas de fuego, contra el sistema electoral, ambientales y narcotráfico.  Existen 51 modalidades distintas de los delitos ya mencionados, como la trata de personas, delitos contra migrantes, contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la tortura y la desaparición forzada, y secuestro y extorsión. Entre todas estas ramificaciones, el feminicidio no figura como un delito que requiere la total atención de las autoridades, aunque ya fue impuesto como “delito grave” en la Constitución.  Según el fiscal Alejandro Gertz, la FGR implementará una política de prioriza – a través del modelo “Triage”, que ya se impuso en el sector de salud por medio de Áreas de Transmisión Masiva y Área de Atención Temprana – el recibimiento de aproximadamente 60% de las presentes investigaciones.  El rezago de más de 200 mil investigaciones sin resolver, 28 mil mandamientos del Ministerio sin concluir, 21 mil órdenes de aprehensión que no se cumplieron y 3 mil dictámenes periciales, son consecuencia – de acuerdo con la FGR – de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y su poca capacidad para resolver los delitos e investigaciones.  Gertz Manero concretó que el uso de un viejo sistema, implementado por la PGR, dentro de la actual FGR, es lo que ha retrasado la resolución de los casos. Entre esos tropiezos, se encuentra la nula actualización tecnológica. El fiscal propuso la implementación de cinco áreas para remontar en el sector de justicia.  Los Equipos de Investigación y Litigación serán los encargados de investigar los diez delitos con detenido, por su parte la Unidad de Casos Transversales para los delitos sin detenido. Asimismo, existirá un Área de Tramitación Masiva para los denuncias que tengan detenido y un Área de Atención Temprana para las que no posean uno.  El métodos buscaría que el 70% de los ministerios públicos se dediquen a barrer el rezago, para después resolver los delitos prioritarios. Gertz Manero indagó que estos división – de delitos con baja y alta complejidad – no agraviaría la Constitución, pues para los delitos con menos complejidad habrá una justicia alternativa.  El Plan de Persecución Penal demostró que – de enero de 2018 hasta mediados del año pasado – se enlistaron 63 mil 630 investigaciones que estaban relacionadas con alguno de los diez delitos y de ellos 57%, actualmente, se han puesto a un lado, 16% están en proceso de trámite, 6% se judicializó y 6.2% obtuvieron sentencia.  El Plan asegura que “adicionalmente, los datos también revelan la existencia de sentencias absolutorias, lo cual puede considerarse un indicador desfavorable respeto a las capacidades de investigación y litigación del MPF. […] A modo de analogía, conviene considerar que en la práctica prehospitalaria se ha estandarizado la utilización de una técnica de gestión conocida como Triage, con la cual se realiza la elección, selección y, concretamente, clasificación de la gravedad y urgencia de los pacientes que ingresan a las salas médicas mediante escalas diferenciadas con códigos cromáticos: el rojo se asigna a pacientes en estado crítico, pero recuperable; amarillo a pacientes graves pero estables; verde a lesionados graves, y el negro a pacientes agónicos o fallecidos”.  Por su parte, Claudia Sheinbaum – jefa de Gobierno de la Ciudad de México – junto a Ingrid Gómez – secretaria de las Mujeres –, compartieron su poca satisfacción y desacuerdo con que dentro del Código Penal no formulé el feminicidio.  “Obviamente no estamos a favor de ello. Entendemos que la propuesta del fiscal general no era el sentido de no reconocer que existe este delito, pero nos parece que mantenerlo es fundamental”, expresó la jefa de Gobierno.