GUATEMALA CITY, GUATEMALA - MAY 29: An ICE agent with U.S. Homeland Security Investigations (HSI), watches as Guatemalan police investigate the scene after detaining a suspected human trafficker on May 29, 2019 in Guatemala City. Homeland Security agents accompanied Guatemalan police on an early morning raid, the first since Acting U.S. Homeland Security Secretary Kevin McAleenan signed an agreement with his Guatemalan counterparts, increasing cooperation on human and drug smuggling. McAleenan is on a four-day trip to Guatemala. (Photo by John Moore/Getty Images)
El gobierno de los Estados Unidos adquirió el derecho a usar una base de datos privada que rastrea el movimiento de millones de teléfonos celulares gracias a los datos de aplicaciones de juegos, clima y compras a las que los usuarios autorizan el acceso a la ubicación del aparato y lo utiliza para rastrear y detener a inmigrantes dentro de su territorio, de acuerdo con información difundida por el diario The Wall Street Journal (WSJ). La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha usado esta información para que detectar a inmigrantes en lugares remotos cerca de la frontera mexicana gracias a la actividad de los celulares, y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le ha servido para localizar y detener a indocumentados, según informa el diario The Wall Street Journal. Bryan Cox, vocero de ICE, aseguró que la agencia federal “generalmente” no usa datos de localización en sus operaciones, pero ha puntualizado: “No discutimos las tácticas o técnicas que usamos para hacer cumplir la ley, así como tampoco discutimos la existencia o no de nuestras capacidades específicas”. La información obtenida llevó a los servicios fronterizos a encontrar un túnel que unía México con un abandonado restaurant de Kentucky Fried Chicken, cerca de San Luis, Arizona. El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado la compra del acceso a la base datos, pero no ha detallado cómo se está utilizando. Los expertos indican que la información equivale a una de las mayores aglomeraciones de datos masivos desplegados por las fuerzas del orden público en los Estados Unidos, y que el uso parece estar en una base legal firme porque el gobierno compra el acceso a un proveedor comercial, como una empresa privada podría, aunque su uso no ha sido probado en los tribunales.