México es uno de los países que menos invierte en salud a nivel mundial, incluso en comparación con otros de la región como Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Chile. En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que México destinó un 11.58% del gasto gubernamental a salud. ¿Cuánto del porcentaje anterior beneficia realmente a los usuarios finales de los sistemas de salud en nuestro país? Esta fue la pregunta que se planteó la asociación civil ‘Impunidad Cero’ para conducir el estudio ‘Irregularidades financieras del Seguro Popular’, que analizó el ejercicio fiscal 2016 en los gobiernos de 5 estados, tomando en cuenta las auditorias conducidas por la ‘Auditoría Superior de la Federación’, desvíos en el manejo de fondos federales para este programa, de por lo menos 3 mil 28 millones de pesos en 5 estados: Chiapas (948.67 millones), Michoacán (927.8 millones), Estado de México (820.75 millones) y Oaxaca (175.13 millones). Las mismas irregularidades aplican para todos los estados que se analizaron: subejercicio, traspaso de recursos a ámbitos no previstos ajenos a la salud, compra de medicamentos a sobreprecios, pagos de conceptos no incluidos en el programa y pagos sin la documentación que pruebe la recepción del producto o servicio. Otras asociaciones civiles se están uniendo para continuar el estudio en otros estados, por lo pronto ‘Impunidad Cero’ y ‘Justicia Justa’ han interpuesto 14 denuncias penales en contra de cada uno de los titulares de la Secretaría de Hacienda de estados de la muestra, así sus los tesoreros, por diferentes delitos entre los que destacan: uso indebido de atribuciones y facultades.