Senado aprueba por unanimidad la Ley FinTech

El Pleno del Senado de la República aprobó, con 102 votos a favor y cero en contra, expedir la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como la Ley FinTech, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera, promover la competencia del mercado y dar certidumbre jurídica a los participantes del sector.

La legislación establecerá un marco normativo que regula las plataformas denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), desde las que se celebran operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico.

Además, prevé un marco general regulatorio, es decir, pretende establecer las bases y una regulación mínima que deben regir las instituciones, y deja que lo demás se regule en disposiciones secundarias, para contar con mayor flexibilidad, considerando la velocidad con la que ocurren los avances tecnológicos.

Asimismo, crea un Comité Interinstitucional que intervendrá en la toma de decisiones de mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones y la imposición de sanciones; éste será una instancia colegiada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, integrada también por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.

Prevé que las ITF utilicen equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos para otorgar sus servicios.

Permite el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticidad para dar acceso a sus clientes a su Infraestructura Tecnológica, contratar sus productos y servicios o realizar operaciones.

Contempla el uso de activos virtuales como las criptomonedas o bitcoins, previa autorización del Banco de México; de este modo permite que las ITF operen con éstos, que se entienden como representaciones de un valor digital verificable que no tienen curso legal, pero generan unidades para su intercambio.

Finalmente, prevé un marco normativo en el que se contemplan las sanciones administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la Ley o disposiciones que de ella emanen.